Reclaman que la asociación de personas sordas en Cáceres integre a todo el colectivo

Un grupo de personas sordas se ha unido para reivindicar su derecho a contar con una asociación que les proteja y les dé los servicios necesarios para hacer más leves sus dificultades. Benito Molano, José Antonio Bermejo y Montse Valle representan a una treintena de personas que ya no forman parte de la Asociación de Personas Sordas de Cáceres.

Molano, que fue presidente de esta asociación durante un año y medio, intentó recientemente volver a ser socio, pero a través de un escrito firmado por la actual junta directiva se le denegó el acceso. «No me han dicho el motivo, no quieren hacerlo», explica Molano mostrando el documento firmado por la junta directiva el pasado 27 de junio en el que, sin mayor explicación, se le deniega sus pretensiones. Trata de volver a formar parte de esta entidad para activarla e incluir a los que están fuera, que se han ido voluntariamente. Según sus cálculos actualmente en Cáceres hay más personas fuera que dentro la misma, y a la última asamblea solamente acudieron una veintena. «No debe haber más de 25, el resto se ha dado de baja, necesitamos una asociación que nos represente», coinciden los tres.

No piensan en crear una nueva asociación, ya que, explican, el local es de todos. «Ellos reciben subvenciones de la Junta y de otras entidades que son para el colectivo». Inserción laboral, intérpretes de lengua de signos o actividades sociales son los recursos que brinda esta asociación. Han querido hacer pública la situación para ver si reciben una respuesta concreta sobre la «No sabemos qué pasa ahí dentro, ni cómo están las cuentas». No descartan llevar su queja a instancias judiciales.

Este diario ha consultado el caso a la presidenta, María Teresa Berrocoso Díaz, que ha confirmado que Molano no ha sido aceptado para reingresar en esta asociación y explica, a través de un texto escrito, que la admisión de socios en la entidad está regulada en los estatutos y deciden sobre la misma sus órganos de gobierno, o junta directiva o Asamblea General.

Reconoce que es la primera vez desde la fundación de esta asociación en 1979 en que no se admite a una persona que haya solicitado su afiliación. «Como entidad privada y soberana en sus decisiones se ha negado a admitir a una persona que habiendo sido miembro de sus órganos directivos en tiempos tuvo litigios con ella y ya fue expulsado», responden a este diario. «Lamentamos mucho las declaraciones de este señor pero el acuerdo de negativa de admisión adoptado por la Asamblea es plenamente legítimo y no vemos motivo de denuncia pública salvo el pataleo, también legítimo».

Respecto al trabajo que hacen a favor de las personas sordas indican que esta entidad, declarada de Utilidad Pública en 1997 por el Ministerio del Interior atiende a personas «tanto socias como no socias». La diferencia de ser socias o no, explica, es que en algunas actividades los socios cuentan con un pequeño descuento. «Son personas que están sensibilizadas y que saben que para continuar ejerciendo esta labor necesitamos la ayuda de todas y de todos». En todo caso, prosigue Berrocoso, todas las personas sordas independientemente de si son socias o no «se benefician de los servicios de esta asociación, tanto del servicio de intérprete de lengua de signos como asistencia social o psicológica, más allá de que luego, por propia voluntad, participen en las actividades».

«Nuestros 40 años nos avalan y ninguna persona sorda o con un problema auditivo excepto este individuo (Molano) puede afirmar que en esta asociación no se le ha atendido, se le ha negado la entrada o no se ha podido hacer socio, demostrable a través de expedientes y otros documentos que esta asociación tiene registrados y guardados», concluye Berrocoso.

Las condiciones impuestas por la pandemia hacen que el colectivo de las personas sordas tenga más dificultades para comunicarse. La barrera física que supone la mascarilla, y que impide que puedan leer los labios, ahonda más la brecha que padece este colectivo.