Oenegés extremeñas piden más empleo «digno» y bajar alquileres frente a ayudas que son «parches» para reducir la pobreza

Así lo ha señalado el presidente de EAPN Extremadura, la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión, Sebastián González, antes de participar en el Acto institucional con motivo del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, que se ha celebrado en la Asamblea de Extremadura.

Un acto al que han asistido la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, la secretaria general de Servicio Sociales de la Junta, Teresa Angulo, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel José González Andrade, la diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Badajoz, Ana Belén Valls, y la concejala del ramo del Ayuntamiento de Mérida, Catalina Alarcón.

En este acto se han expuesto y debatido sobre los datos del XIV Informe del Estado de la Pobreza en Extremadura, que refleja que la tasa AROPE, que combina elementos de renta, posibilidades de consumo y empleo, correspondientes al año 2023, se sitúa en la región en el 32,8%, lo que significa que hay 345.000 personas en la comunidad en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Esta cifra refleja una reducción de 4,1 puntos porcentuales en el último año, lo que se traduce en que más de 43.400 personas han dejado de encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión social en Extremadura y unas 22.000 personas menos en riesgo de pobreza.

También se ha producido un descenso de la cifra de privación material y social severa en Extremadura, que en 2023 se ha visto reducida en 1,7 puntos respecto al año anterior.

El presidente de EAPN, la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión de Extremadura, Sebastián González Martos, ha señalado sobre estas cifras que en la región «hay 346.000 personas que todavía sufren pobreza y exclusión».

Son datos que mejoran el informe del año anterior, ha reconocido, pero «no es suficiente con mejorar esos cuatro puntos» porque Extremadura aún sigue «muy por encima» de la media nacional.

Por ello considera «muy necesario» que las instituciones, de forma concertada y agrupadas junto con las organizaciones sociales, pongan medidas sobre la mesa porque «son quienes tienen que hacer posible erradicar la pobreza».

En este sentido, ha remarcado que no es suficiente con medidas de impacto social para aquellas personas que «ya se encuentran mal», sino que resulta «fundamental» que el empleo y el acceso a la vivienda mejore, así como las políticas para jóvenes.

Al respecto, y sobre la prórroga del bono joven para el alquiler, le ha dado la bienvenida como a todo lo que tiene ver con protección social, pero es «un parche».

«Todo lo que no sea mejorar en tasas de productividad, de más empleo, de empleo digno, de bajar el alquiler de la vivienda, que no tenga tanta repercusión en el sueldo de una familia o en lo que una familia destina para vivir, todo eso sería en medidas mucho más efectivas que el bono social», ha señalado sobre esta iniciativa, que actúa como un «colchón» que el sistema productivo y social «se permite para minimizar» la situación, porque «si no sería un drama».

González se ha referido a situaciones concretas como las relacionadas con las pensiones de las mujeres mayores y viudas, que no alcanzan para llevar una vida digna, ha señalado, y también a la existencia de un empleo precario que también afecta más a las mujeres, y que se agudiza en el caso de las que tiene discapacidad o están al frente de familias monomarentales con hijos.

«En esas familias donde hay niños son donde más sufren, la precariedad, por supuesto, laboral, ellas, y donde repercute más en la pobreza infantil», ha subrayado.

Sobre el informe y su evolución en los últimos años, ha calificado como «triste» que, a pesar de la mejoría de este año, lo que no cambia es que Extremadura siempre se encuentra entre las tres comunidades autónomas a la cabeza del ránking de pobreza y exclusión social.

En su intervención, la secretaria general de Servicios Sociales, Teresa Angulo, ha señalado que es un día para reflexionar sobre una de las realidades «más urgentes y desafiantes» para la sociedad, como es la pobreza, que sigue siendo «una barrera que impide que muchos ciudadanos alcancen ese máximo potencial y, por lo tanto, puedan vivir en libertad».

La pobreza, cuyo origen está en diversas causas, no puede ser abordada «bajo un solo prisma», sino que ha de ser combatida, y en lo que a la responsabilidad de las Administraciones se refiere, de manera «transversal, con medidas y acciones que impacten en la vida de las personas».

El objetivo ha de ser «reducir significativamente» las tasas de pobreza, pero también «aspirar a eliminar las causas» que la perpetúan, y este es el «compromiso» de la Junta de Extremadura, que trabaja «de manera general y transversal en políticas y acciones que acompañen o consoliden un sistema de protección suficiente que ofrezca una vida digna a quienes en un momento dado no tengan asegurado un nivel de vida digno».

Pero también, ha añadido, generando un «entorno» en la región que ofrezca oportunidades para salir de la situación de riesgo y también «para evitar caer en ella», en referencia a políticas del ámbito de la educación, la formación, el empleo, la vivienda, las dirigidas a los jóvenes y a la familia, de apoyo a los sectores productivos o que supongan «nuevos nichos de empleo», de apoyo a la formación para el empleo en aquellos sectores que «hoy están demandando masivamente mano de obra», ha señalado.

Unas acciones que a tenor de los datos del informe de este año «están empezando a tener un impacto positivo en la generación de empleo y en la reducción de la tasa de pobreza» en la región, que ha dejado de estar en el «vagón de cola» de las comunidades.

No obstante, ha remarcado que no son los datos que les gustaría tener, y en este sentido ha reconocido que es necesario «seguir avanzando en la implementación de medidas que contribuyan a la reducción de la pobreza y la exclusión social», y además hacerlo «de manera coordinada entre todas las administraciones públicas, el tercer sector, los agentes sociales y económicos y los propios ciudadanos».

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, por su parte, ha señalado que a pesar de los esfuerzos, las reivindicaciones y acciones, se está «normalizando la pobreza», y esto es algo que hay que «reflexionarlo».

En este punto, ha lamentado que este informe llega cuando «más resuenan las voces» de quienes reniegan de uno de los acuerdos internacionales «más importantes», como es la Agenda 2030, que es «un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de todas las personas».

Asimismo, ha planteado que si bien Extremadura figura «a menudo» entre las «peores» situadas en el ranking de pobreza, se han ido «dando pasos» para «escalar posiciones», al tiempo que ha advertido que se obvia otra realidad, la «una región que practica la solidaridad y no la caridad», en la que «no damos lo que nos sobra, sino lo que tenemos», y esto «no computa en el PIB de este país».

Martín ha argumentado que en el mapa de Extremadura no se identifican ninguna «concentración de chabolas» en ninguno de sus municipios, al tiempo que ha animado a echar un vistazo al mapa de España para que reflexionar sobre el resultado.