redacción
Jueves, 20 de abril 2017, 07:30
Las entidades de personas con discapacidad apoyan la incorporación de una disposición adicional al Estatuto de los Consumidores de Extremadura que garantice que las estaciones de servicio de la región cuenten con personal de atención.
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Esta petición se puso de manifiesto en la comparecencia de Jesús Gumiel, presidente de Cocemfe Extremadura, en la comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura. En esa intervención estuvo acompañado por Asunción Muñoz, directora de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex) y por Alfonso Cortés, gerente del Cermi Extremadura.
Con la solicitud planteada se pretende que las instalaciones de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos de automoción haya el menos una persona responsable de los servicios que se prestan mientras permanezcan abiertas y en horario diurno (de siete de la maña a dos de la madrugada), así como que los responsables atiendan a las personas con discapacidad que lo necesiten, cuando las gasolineras sean en régimen de autoservicio.
Gumiel destacó como muy positiva y necesaria la inclusión de esta disposición adicional ya que viene a cubrir una de las demandas de las personas con mayores necesidades de accesibilidad. Así mismo, resaltó que con su aplicación se viene a dar cumplimiento a dos de los ámbitos de actuación de la Ley de Accesibilidad Universal de Extremadura, como son el transporte y los bienes y servicios a disposición del público así como a garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía personal y del derecho a la vida independiente.
Además, el presidente de Cocemfe expuso que esta medida viene a dotar de seguridad a todos los consumidores de estaciones de servicio de Extremadura. En la misma línea, agradeció que no se tengan en cuenta condicionantes económicos que mermen los derechos de las personas con discapacidad, ya que se debe priorizar la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas.
Por último, Gumiel solicitó a la Asamblea de Extremadura que pida el Gobierno de la nación que desarrolle el Real Decreto que regule las condiciones básicas de accesibilidad a los bienes y servicios a disposición del público, con objeto de terminar de regular los derechos de accesibilidad de las personas con discapacidad.
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