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La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra
El Gobierno y las CCAA repartirán 200 millones para la atención de familias y luchar contra la pobreza infantil

El Gobierno y las CCAA repartirán 200 millones para la atención de familias y luchar contra la pobreza infantil

50 millones se destinarán a financiar proyectos para paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene o ropa, y facilitando el acceso a otros servicios

redacción

Jueves, 2 de marzo 2023

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El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas acordaban la semana pasada, en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), el reparto de 198.704.000 euros destinados a proteger a las familias y combatir la pobreza infantil, así como para desarrollar prestaciones básicas de los servicios sociales.

Según ha informado el departamento que dirige Ione Belarra, las comunidades autónomas han mostrado su acuerdo con el reparto de dos millones de euros para atender las necesidades de las personas gitanas más desfavorecidas y promover el desarrollo y la inclusión de la población gitana.

Derechos Sociales ha explicado que la cuantía total, que supera los 200 millones de euros, son créditos ya establecidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que se otorgarán a las autonomías una vez el Consejo de Ministros autorice su distribución y el Consejo Territorial la apruebe definitivamente.

En cuanto al desglose de fondos, que se reparte entre todas las regiones a excepción de Navarra y País Vasco, el Ministerio ha explicado que 65 millones serán para el Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil y que estos proyectos estarán centrados en dos líneas de actuación.

Así, 50 millones de euros estarán a disposición de las comunidades autónomas para financiar proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene o ropa, y facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación, vivienda y de empleo, el apoyo a la conciliación familiar y laboral o el acompañamiento y trabajo social con las familias.

Los 15 millones restantes, por su parte, se destinarán a programas específicos que garanticen el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Por otro lado, se distribuirán 25 millones de euros para programas de refuerzo de equipos de atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención primaria, según lo previsto en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Además, se financiará el refuerzo de los equipos de infancia y familia de la red de servicios sociales de atención primaria y se proporcionará a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la prevención y detección precoz de cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, promoviendo la competencia en sus funciones de crianza por parte de las familias.

Por último, según destaca el Ministerio, se destinarán 108.704.000 euros a prestaciones básicas de los servicios sociales, con el fin de mantener la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas.

En este sentido, Derechos Sociales apunta que se cofinanciarán proyectos para el desarrollo de las siguientes prestaciones básicas que estén orientados a dar información y orientación a la población, para la ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia, para el alojamiento alternativo y para la prevención e inserción social.

Finalmente, desde el Ministerio de Derechos Sociales han explicado que en esta reunión también se ha el anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales que se encuentra en tramitación.

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