Autorizada la firma de convenios con Cáritas en la región para implementar la metodología del Plan Vital de Inclusión Social

El importe global de las subvenciones se eleva a 1.721.717,27 euros, de los que 840.911,94 euros corresponderán a Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, 572.671,41 euros a Cáritas Diocesana de Plasencia y 308.133,92 euros a Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres.

La finalidad del proyecto de implementación de la metodología del Plan Vital de Inclusión Social es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, fundamentalmente de personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de la Renta Extremeña Garantizada, mediante el diseño y desarrollo de itinerarios de inclusión social y laboral desde enfoques de atención centrados en la persona y en la participación comunitaria, y que permitan su inserción definitiva.

Mediante este proyecto se realizarán las acciones de diseño, desarrollo y seguimiento de la Metodología del Plan Vital de Inclusión Social en Extremadura y de coordinación para garantizar la aplicación de la metodología innovadora, así como un homogéneo sistema de funcionamiento a nivel territorial.

Esta metodología innovadora requiere para su diseño, desarrollo y seguimiento de entidades del Tercer Sector de Acción Social con implantación territorial en Extremadura, que posean tanto experiencia en intervención social como con equipos y recursos que se ajusten al desarrollo del Plan Vital de Inclusión Social.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del suministro de frutas y verduras frescas y de bebidas, solubles y otros artículos para los centros adscritos al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) y a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias por más de 3,4 millones de euros.

En concreto, el suministro de frutas y verduras frescas tendrán un importe de 1.447.325,55 euros y el de bebidas, solubles y otros productos de 2.064.168,20 euros.

Estos suministros son necesarios para garantizar la atención de las demandas de primera necesidad de los centros dependientes y el cuidado de los usuarios de dichos centros, ha destacado la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Asimismo, el Ejecutivo ha autorizado la firma de un convenio con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para la cesión de uso de la aplicación informática para la valoración de la discapacidad.

Para la evaluación del grado de discapacidad, la aplicación informática Baredi incorpora los baremos previstos en el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, de aplicación uniforme en todo el territorio del Estado.

De este proyecto se beneficiarán todas las personas con discapacidad en el ámbito de Extremadura que deban ser valoradas aplicando los parámetros de baremación establecidos de forma reglamentaria.

La finalidad del convenio es favorecer la calidad de vida a personas que por su situación de vulnerabilidad social requieren intervenciones específicas destinadas a mejorar el acceso a los recursos del medio.

Asimismo, la atención de aquellas personas que por sus condiciones de discapacidad se hallan en situación o riesgo de exclusión social, con insuficiencia o ausencia de red de apoyo y que presentan elevadas limitaciones en su participación e integración social.