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Un camión en la frontera sur del Sahara occidental.
La Asamblea pide que las empresas cumplan la sentencia de protección de los recursos del Sahara occidental

La Asamblea pide que las empresas cumplan la sentencia de protección de los recursos del Sahara occidental

Por unanimidad de los cuatro grupos, la cámara regional insta a que cesen la actividades que favorezcan la perpetuación de la ocupación marroquí

Redacción

Viernes, 24 de marzo 2017, 09:58

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La Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad de los cuatro grupos políticos que la componen una declaración institucional en la que solicita el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el Sahara occidental, en la que se insta a las empresas que europeas, españolas y extremeñas que cesen las actividades en la zona que puedan favorecer a la perpetuación de la ocupación marroquí.

La declaración detalla que el Sahara Occidental no forma parte del reino de Marruecos, lo cual significa que ningún acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos es aplicable a este territorio y que no se puede establecer ninguna actividad comercial, ni exportar los recursos naturales del Sahara occidental, sin el consentimiento del pueblo saharaui.

Igualmente, el texto destaca que la sentencia es de obligado cumplimiento por parte de las autoridades europeas y estatales, incidiendo en que entre sus deberes también está darla a conocer a su ciudadanía para su correcta aplicación. En la misma línea, se considera que el logro de una solución política y la mejora de la cooperación entre los estados del Magreb contribuirán a la estabilidad y la seguridad de la región.

En el documento aprobado se detalla que España tiene una responsabilidad histórica, jurídica y moral con el pueblo saharaui, al dejar inconcluso el proceso de descolonización de la zona.

Preocupación

Por todos estos motivos, el Pleno de la Asamblea, además de reclamar que se respete la sentencia europea, expresa su preocupación sobre la explotación de los recursos naturales del territorio, incluyendo la que ejercen compañías europeas en contradicción con el derecho internacional.

En este sentido, el parlamento regional se suma a la corriente de solidaridad de la sociedad extremeña que lleva años exigiendo una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que ponga fin al conflicto.

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