La Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad de los cuatro grupos políticos que la componen una declaración institucional en la que solicita el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el Sahara occidental, en la que se insta a las empresas que europeas, españolas y extremeñas que cesen las actividades en la zona que puedan “favorecer a la perpetuación de la ocupación marroquí”.
La declaración detalla que el Sahara Occidental no forma parte del reino de Marruecos, lo cual significa que ningún acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos es aplicable a este territorio y “que no se puede establecer ninguna actividad comercial, ni exportar los recursos naturales del Sahara occidental, sin el consentimiento del pueblo saharaui”.
Igualmente, el texto destaca que la sentencia es de obligado cumplimiento por parte de las autoridades europeas y estatales, incidiendo en que entre sus deberes también está darla a conocer a su ciudadanía para su correcta aplicación. En la misma línea, se considera que el logro de una solución política y la mejora de la cooperación entre los estados del Magreb contribuirán a la estabilidad y la seguridad de la región.
Sesión de la Asamblea de Extremadura. / Asamblea
En el documento aprobado se detalla que España “tiene una responsabilidad histórica, jurídica y moral con el pueblo saharaui”, al dejar inconcluso el proceso de descolonización de la zona.
Preocupación
Por todos estos motivos, el Pleno de la Asamblea, además de reclamar que se respete la sentencia europea, expresa su preocupación sobre la explotación de los recursos naturales del territorio, incluyendo la que ejercen compañías europeas “en contradicción con el derecho internacional”.
En este sentido, el parlamento regional se suma a la “corriente de solidaridad de la sociedad extremeña que lleva años exigiendo una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable” que ponga fin al conflicto.