3.000 nuevos extremeños capacitados para votar

3.000 nuevos extremeños capacitados para votar

Las personas con discapacidad intelectual y las que padecen una enfermedad mental podrán ejercer su derecho en 2019. La modificación legislativa abre la puerta a que los ciudadanos incapacitados por un juez puedan ser electores en los próximos comicios

JOSÉ M. MARTÍNMérida

Aplausos, abrazos y otros gestos de alegría compartida demostraban la importancia de la noticia. Esta fue la reacción espontánea de los asistentes a una jornada de autogestores que Plena Inclusión celebraba en Zafra cuando les confirmaron que el Congreso de los Diputados había aprobado el proyecto de reforma de la Loreg (Ley Orgánica de Régimen Electoral General).

La modificación todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y antes tiene que pasar el trámite del Senado, algo que sucederá en breve. En el momento en el que entre en vigor supondrá que las personas que tenían limitado su derecho al voto debido a que están incapacitadas por un juez o ingresadas en un hospital psiquiátrico podrán elegir a sus representantes políticos.

La consecuencia inmediata en Extremadura es que aumentará el censo electoral de cara a las elecciones regionales y municipales previstas para el mes de mayo del próximo año. Esta es la convocatoria electoral más cercana, siempre que los Presupuestos Generales del Estado –o la ausencia de ellos– no obliguen a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a adelantar los comicios nacionales.

El cambio sustancial en la ley es la eliminación de la frase que reza que «carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme». Esto abre la puerta a que unas 3.000 personas con discapacidad intelectual puedan votar en la región. La explicación hay que buscarla en el Código Civil, donde se puede leer «que podrán ser incapacitadas las personas que tengan una deficiencia persistente que les impida gobernarse; traducido al castellano, se refiere a las personas con alguna discapacidad y muchas de ellas con discapacidad intelectual», comenta Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena Inclusión España, entidad que, como su nombre indica, trabaja por la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

No es la única modificación del texto legislativo, del que también desaparecerá que no tienen derecho de sufragio «los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial». De esta forma, la reforma también afecta a las personas con enfermedades mentales. «Esto hace referencia a los pacientes internados en centros psiquiátricos con orden judicial, la cual por regla general suele llevar explícitamente la restricción al sufragio», incide Isabel Díaz, psicóloga y técnica de inserción laboral para personas con discapacidad de la Fundación Sorapán de Rieros.

Las estimaciones varían según las asociaciones, pero la más repetida es que la reforma de la Loreg posibilitará que unas 3.000 personas tengan la opción de votar por primera vez en la región o recuperarán ese derecho que en algún momento perdieron. Igualmente coinciden que hay más gente en esta situación con discapacidad intelectual que con enfermedades mentales. Según Plena Inclusión, 1.800 personas están privadas de derecho de sufragio en Badajoz y 1.200 en Cáceres.

La nueva redacción de la ley abre la puerta a que todas ellas puedan ser electores en los próximos comicios. «Es un hito que nos ha costado mucho tiempo conseguir y que va a hacer que personas que se habían quedado atrás puedan completar sus derechos», dice Alfonso Cortés, director gerente de Cermi Extremadura. Este comité de representantes de personas con discapacidad a nivel nacional, del que forman parte numerosas asociaciones relacionadas con este colectivo, ha sido el principal impulsor de la modificación.

La ausencia de una cifra concreta se debe a que también hay personas que han pasado por un proceso de modificación de la capacidad legal por varios motivos y la privación del sufragio puede estar relacionada con una pena accesoria por haber cometido algún delito o por otra cuestión.

Sin fecha

Por el momento, tampoco hay fecha exacta para la entrada en vigor de la modificación legislativa. La próxima cita electoral en nuestro país será en Andalucía, el 2 de diciembre de este año. Las asociaciones instan al Gobierno a que acelere los pasos para que las personas con discapacidad intelectual ya puedan formar parte del censo electoral en estos comicios.

Brígida Cordero es una de las personas que podrá votar en la próxima cita electoral en Extremadura. No será la primera vez que lo haga, ya que durante muchos años tuvo derecho de sufragio, pero fue incapacitada por sus familiares alegando su discapacidad intelectual debido a un tema patrimonial relacionado con una herencia. «Hace años fui a votar y en la mesa me dijeron que no estaba en el listado, por lo que me vine para atrás con el voto», afirma.

Para volver a otorgar su confianza a un partido parece que ha elegido la convocatoria perfecta. El 26 de mayo de 2019 hay elecciones municipales, regionales y europeas. Y eso sin pensar en el posible adelanto de las nacionales.

Ella tiene claro a qué partido va a votar, porque es una persona que siempre se ha interesado por la política. «Al conocer la reforma de la ley, enseguida pensamos en Brígida, porque en muchas ocasiones saca la conversación», dice Pilar, una de las personas que trabaja en Inclusives, en cuya residencia reside Cordero, que se muestra satisfecha con la modificación en el texto legislativo y con ganas de que llegue el momento de acercarse a las urnas y volver a votar.

Cuando se le pregunta el motivo para tener tan clara su elección es rotunda al expresar que siempre se ha identificado con esa opción y considera que es el partido que más puede ayudar a las personas con discapacidad. Acto seguido se ríe y puntualiza que no revela su voto porque es privado.

Cordero ya ha vivido elecciones cuando tenía más de 18 años de edad, pero en las que no ha sido parte del censo electoral. Sin embargo, la reforma de la Loreg va a afectar a personas que han cumplido su mayoría de edad en el intervalo desde los últimos comicios. En cualquiera de los casos, con la publicación de la modificación en el BOE será «un paso más que les permite a estas personas avanzar en sus derechos y mirar de igual a igual al resto de la sociedad», remarca Cortés.

Este es el caso de Natalia Caballero, que tiene 20 años. Votará por primera vez en los comicios de 2019 y espera la jornada electoral con «alegría e ilusión». Hace unos meses, sus padres recuperaron la patria potestad sobre ella y volvieron a ser sus representantes legales. «Consideramos que no está capacitada para tomar decisiones, comprender, gestionar y resolver la mayoría de las cuestiones que se le plantean a una personas en edad adulta en materia económica, administrativa o jurídica», dice Nicolás Caballero, padre de Natalia, que explica su decisión en un afán protector y en la necesidad de garantizar la seguridad de su hija. En su opinión debe primar esta protección, pese a que suponga una pérdida de algunos derechos, algo de lo que era consciente antes de promover la incapacitación.

El proceso judicial que finalizó con la modificación de la capacidad jurídica se inició con una demanda civil. Un forense hizo un reconocimiento a Natalia y un juez tomó la decisión tras consultar a todas las partes. «Nuestro caso ha sido el segundo en Extremadura de una incapacitación con derecho a voto», detalla Caballero.

Ahora, con la modificación de la Loreg, el asunto del derecho a sufragio queda en un segundo plano para este tipo de situaciones, ya que la aplicación práctica de la ley hará que las personas incapacitadas puedan ser electores. «Me parece muy bien que se haya cambiado la ley, porque nosotros también queremos que se nos escuche, que nuestro voto cuente y participar en la sociedad como una ciudadana más», dice Natalia, que asegura que también tiene decidido su voto y que ha tomado la decisión escuchando las noticias y a los políticos.

En la misma línea se expresa su padre, que ve la anulación del derecho al voto como algo discriminatorio y cree que la experiencia de las elecciones va a ser para Natalia algo positivo. Ella señala que la política es «interesante» y que sirve para «expresar nuestra opinión y participar en las decisiones que son importantes para todos».

Una idea similar manifiesta un usuario de la Fundación Sorapán de Rieros, que prefiere no dar su nombre para este reportaje. Él fue incapacitado a raíz de serle diagnosticada una enfermedad mental. «Me parece muy bien que todos podamos elegir a nuestros gobernantes», relata, a la vez que reconoce que no le gusta la política, pero que debe tener la opción de ir o no a votar. «Hay gente sin discapacidad que no va a votar porque no quiere», concluye.

Aplicación

La reforma de la ley electoral logró un apoyo unánime por parte de los grupos políticos del Congreso de los Diputados. Sin embargo, en el último momento, el Partido Popular decidió presentar una enmienda, lo que rompió el consenso de todas las fuerzas. El motivo que adujeron fue que de esta forma se ajustaba más a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Por el contrario, las asociaciones no lo entienden de la misma manera y consideran que la primera redacción era suficientemente «clara y taxativa», en palabras de la asesora jurídica de Plena Inclusión.

Finalmente, el texto aprobado incluyó la aportación popular, con lo que refleja que «toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera».

«Tenemos que ver cómo se aplica; lo principal es que retira la decisión del ámbito judicial y esperamos que no se aplique restrictivamente», comenta De Araoz, que añade que se abriría otra vía de batalla para el colectivo si llega el caso de que haya presidentes de mesa que deciden sobre si son conscientes, libres y voluntarios quienes van a votar. Pese a considerar mejor la primera versión de la reforma legislativa, desde Plena Inclusión se valora el panorama político actual. «A lo mejor si no se hubiera hecho ese cambio no se hubiera alcanzado la mayoría», remata la asesora jurídica de esta entidad, en referencia a que ante la mayoría popular en el Senado ha primado el interés por aplicar la reforma.

Una modificación legislativa en la que el colectivo lleva mucho tiempo trabajando. Los motivos que siempre han aducido se basan en que se trata de un derecho fundamental y en que la norma actual es discriminatoria. «Se está produciendo una discriminación por temas de discapacidad, si el estado exigiera unos conocimientos para votar mediante un examen, no sería discriminatorio, pero la forma en la que a día de hoy está prevista en la norma sí es discriminatoria», remarca De Araoz, que insiste en que la discriminación también puede ser indirecta y que si se cambia el texto, pero no se modifican las prácticas con programas en lectura fácil y espacios accesibles seguirá existiendo discriminación. «Tan importante como cambiar la ley es generar la conciencia de que esto es un derecho y crear apoyos para que se pueda ejercer».

 

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